Comunicado de Osasuna sobre la propuesta de sanción de la Comisión Antiviolencia.

13.12.2018 21:40

En el día de hoy el Club Atlético Osasuna ha tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, de que la Comisión Antiviolencia propone una sanción de 200.000 euros y un mes de cierre del estadio de El Sadar “por mantener como socios a algunos miembros del grupo Indar Gorri que han sido condenados penalmente por diversos delitos; hacer caso omiso a las indicaciones del Coordinador de Seguridad en relación con las medidas a adoptar con dichos individuos y permitir, a alguno de ellos, la entrada en diversos encuentros de la presente temporada; y por último, no cumplir con las obligaciones para el correcto mantenimiento del Libro de Registro de Actividades de Seguidores”. El club quiere aclarar, en primer lugar, que una propuesta de sanción no significa que el club haya sido sancionado, sino que ahora se inicia un proceso en el que el club defenderá sus derechos y el de todos sus socios, que considera además que están siendo gravemente vulnerados.

Osasuna quiere dejar claro que, con fecha 2 de noviembre, notificó la prohibición de acceso al estadio a las personas condenadas y ha puesto todos los medios necesarios para cumplir las indicaciones de las Fuerzas de Seguridad. Al club se le ha solicitado que prohíba el acceso de estas personas sin que haya ninguna resolución administrativa ni sentencia judicial que lo pida. Y además, ahora se le propone sanción por no retirar la condición de socio de dichas personas, algo que en ningún momento ha sido solicitado, porque en todo momento lo que se trasladó era que el club les prohibiese únicamente el acceso al estadio. 

El club puede justificar, y lo hará aportando la documentación pertinente, que con fecha 30 de agosto de 2018 se le notificó, por parte de las Fuerzas de Seguridad, una sentencia en la que once personas fueron condenadas “por pertenencia a grupo criminal” y en la que además en ningún momento se decía que esas once personas tuviesen prohibido el acceso al estadio como consecuencia de dicha sentencia. El club respondió el 7 de septiembre a dicha comunicación solicitando al Coordinador de Seguridad una resolución administrativa que impidiese el acceso de estas personas al estadio para, inmediatamente, proceder a cumplirla, como siempre ha hecho por otra parte el Club Atlético Osasuna en este tipo de casos. Dicha resolución nunca ha llegado.

El 25 de septiembre, la Oficina Nacional de Deportes de la Policía Nacional solicitó al club que identificase a las once personas condenadas por la sentencia anteriormente mencionada para saber si eran socios del club y en qué lugar de la grada se ubicaban. El club facilitó de inmediato la información solicitada, concluyendo que solo seis de los once condenados tenían la condición de socios del Club Atlético Osasuna en ese momento. 

El 31 de octubre de 2018, el Coordinador de Seguridad de la Policía solicitó por escrito que les fuese prohibido el acceso a las once personas condenadas por la sentencia judicial que, insistimos, no llevaba aparejada prohibición alguna de acceso a los recintos deportivos. 

El 1 de noviembre, el club respondió que acataría de forma inmediata la orden de las Fuerzas de Seguridad, pero volvió a solicitar que se les notificase por la vía administrativa a las personas implicadas dicha decisión. El club insistió en que en se le estaba exigiendo tomar una medida que no estaba respaldada por ninguna resolución administrativa y que, por lo tanto, podía tener consecuencias para el club. 

Con fecha 2 de noviembre, el club procedió a prohibir el acceso al estadio de El Sadar a los seis condenados que eran socios, suspendiendo temporalmente su derecho de acceso y dándolos asimismo de baja en el sistema informático de LaLiga, lo cual es fácilmente comprobable tanto para LaLiga como para la Comisión Antiviolencia. Desde ese momento, ninguna de esas seis personas ha podido acceder al estadio. 

Tres días más tarde, el 5 de noviembre, LaLiga comunica al club que proceda a aplicar su Reglamento Interno, para lo cual Osasuna pone en marcha la elección de su Órgano de Disciplina Social, que es el único que tiene capacidad sancionadora sobre los socios. Además, para esa fecha, como ya se ha indicado, los seis socios tenían ya prohibido su acceso al estadio. 

Con fecha 9 de noviembre, el club envió a las Fuerzas de Seguridad y a LaLiga un escrito en el que dejaba claro que siempre acatará la ley y las instrucciones que dicten las Fuerzas de Seguridad, pero que en este caso considera que se están vulnerando derechos de sus socios, que no son meros asistentes a un espectáculo deportivo, sino que además son propietarios y gozan de derechos políticos (voto, elección…) al tratarse de un club deportivo y no de una Sociedad Anónima Deportiva. Osasuna solicitaba además en ese momento una reunión “con la máxima urgencia” para abordar esta cuestión, solicitud que hasta el día de hoy no ha sido atendida. 

Osasuna quiere dejar claro que siempre cumplirá la ley y las instrucciones que le den las Fuerzas de Seguridad en esta materia. Así se ha hecho siempre y así se hará. Pero lo que no puede pretender nadie es que Osasuna vulnere derechos de sus socios actuando sin respaldo alguno de una resolución administrativa o de una sentencia judicial en dicho sentido. Y aun así, el club ha cumplido suspendiendo su derecho de acceso a seis personas que ahora pueden exigir responsabilidades al club por haber tomado una decisión que puede vulnerar sus derechos fundamentales sin que por vía administrativa o judicial se haya determinado tal situación. De hecho, esta misma temporada ya se ha dado el caso de un socio al que se le prohibió el acceso con un expediente administrativo (cosa que en este caso ni siquiera existe) y un juez ha dictaminado posteriormente que se le permita acceder al estadio.

Osasuna no entiende el interés que motiva la propuesta de sanción de la Comisión Antiviolencia, y más cuando, como es evidente, ha puesto todos los medios para que estas seis personas no puedan acceder al estadio de El Sadar. El club lamenta además el daño irreparable que se causa a su imagen con decisiones de este tipo que pretenden dar a entender que Osasuna ampara comportamientos violentos, cosa que es del todo incierta y que llama especialmente la atención cuando en otros estadios han ocurrido y ocurren hechos muy graves que no parecen llamar la atención de la Comisión Antiviolencia.

El Club Atlético Osasuna cumplirá siempre la ley y también defenderá ante todo los derechos de sus socios, de todos y cada uno de ellos, se ubiquen en la grada que se ubiquen, y debe denunciar lo que considera un absoluto despropósito jurídico y, en todo caso, no debe olvidarse que Osasuna es un club que pertenece a sus socios, por lo que defenderá sus derechos ante las instancias que correspondan.